Fuente: La Jornada de Veracruz
A 15 años de los hechos ocurridos en la comunidad El Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero, en donde policías judiciales del Estado, comandados por el actual director de la Policía Veracruzana de Investigación, José Domingo Martínez Riveroll, por órdenes del gobernador Patricio Chirinos Calero y de Miguel Ángel Yunes Linares, allanaron las casas de los indígenas y asesinaron a dos de ellos, quienes también presentaron huellas de tortura y mutilación de testículos, lengua y ojos, “no se han cumplido las tres recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; no hubo indemnización a los familiares de las víctimas”.
La recomendación 62/94 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue dirigida al procurador de Justicia, que en 1994 era Rodolfo Duarte Rivas; con el número 18/97 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda al gobernador del Estado hacer una investigación imparcial de los hechos y con el informe 1/98, la Corte Interamericana recomienda al Estado mexicano realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos, así como pagar una indemnización a los familiares de los deudos.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguna de las tres recomendaciones y en los hechos denunciados se señala que, “el día 8 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 7 de la mañana, policías judiciales del Estado y pistoleros del cacique y ex presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Tranquilino Hernández, llegaron a la comunidad de Plan del Encinal, allanaron las casas, destruyeron cuanto encontraron a su paso e hirieron con arma de fuego a Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández Hernández, de 17 y 28 años, respectivamente, a quienes los policías se los llevaron amarrados cuando se retiraron de la comunidad”.
El día 12 del mismo mes y año, continúa la denuncia de hechos, “fueron encontrados los cuerpos de Rolando y Atanasio por miembros de la comunidad de Canto Llano, en el Río Chiflón, 8 kilómetros abajo de donde sucedieron los hechos. Los cuerpos presentaban claras muestras de tortura, pobladores comentaban que les habían cortado la lengua y los órganos genitales”.
Los hechos
De las comunidades Heberto Castillo y Plan del Encinal, del municipio de Ixhuatlán de Madero, unos jóvenes, al ver que la policía montada entró, huyeron al temer la represión, pero al cruzar la comunidad de Canto Llano, los alcanza la policía, hiere con armas de alto poder a dos de ellos: Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández, los agarran heridos y los castran, “les sacaron los ojos, sus testículos, les mutilaron la lengua y les dieron el tiro de gracia”, dijo Braulio González.
La tortura se les dio –sostuvo–, cuando nuestra exigencia es la demanda de la solución de los asuntos agrarios, para que el campesino tenga en dónde trabajar, que tenga un derecho y no quitarle la vida a los compañeros, uno de ellos tenía 17 años y el otro no era tan grande, pero de igual manera los tiraron en el río, hasta que los encontraron. La gente tenía miedo.
Las tierras siguen igual y las familias de los muertos en el abandono
“Duele cuando uno recuerda las cosas como fueron, nosotros, como campesinos, luchadores de demandas sociales y derechos agrarios, pero a nosotros como indígenas nos responden con una criminalidad o por defendernos nos mandan a la cárcel; con tantos años en la cárcel cuando los verdaderos delincuentes están libres, dice Lucía, familiar de Anastacio, quien afirma: “las tierras siguen siendo del terrateniente, la pobreza es parte de nuestra vida y el gobierno no cumplió con mi familia, no hubo indemnización, como dijeron”.
Y todo esto porque a los indígenas nos tachan como delincuentes o como asesinos o simplemente nos asesinan o nos desaparecen, dice entre lágrimas Lucía, quien retrocede a 1994: “un día, todos queríamos justicia, sentíamos rabia con la policía, ¿por qué hicieron esto?, Agustín era joven, un muchacho bien intencionado, lo único que no quería era vivir en la pobreza, pobrecito, lo dejaron sin ojitos, también le quitaron sus partes, ya en el pueblo nadie habla, se quedó el miedo, pero también el dolor, hay mucho dolor y coraje”.
Yunes Linares no debería ser servidor público
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo unas recomendaciones, pero hasta ahí, porque si en México se respetaran los derechos humanos, sería realmente diferente y, si la justicia es pareja, no deberían estar ocupando un cargo público, porque allí Yunes Linares fue secretario de gobierno, cuando Patricio Chirinos fue gobernador, señaló Braulio.
Entonces –cuestionó–, ¿por qué siguen estando en puesto público? si lo que ellos hicieron es una pena capital, una violación a los derechos humanos y más que las recomendaciones no las han tomado en cuenta, entonces, nosotros nos preguntamos si la justicia en México no se imparte de una misma manera igual.
Me tocó denunciar en un plantón indefinido que se mantenía en la ciudad de México, en la Plaza de la Solidaridad, junto con Santos Soto y otro compañero, pero no hemos podido lograr justicia, porque “el gobierno es un enemigo más duro que lo que uno piensa, en la realidad es cruel”.
La tierra por la que murieron nuestros compañeros se trabaja, tiene escuelas, electrificación, pero no está legalizada, la familias siguen en la pobreza, pero “las familias estamos conscientes de lo caro que sale luchar por los derechos”, expresó.
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