Difusión Cencos México D.F., 7 de abril de 2010
Fuente: Sididh
Las nuevas denuncias ante el organismo internacional ponen especial énfasis en las violaciones a los derechos humanos de civiles por parte del ejército, como en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, estos últimos conocidos como los Campesinos Ecologistas de Guerrero. El Estado mexicano todavía no cumple con las sentencias que ya le han sido impuestas por otros casos. Espera las nuevas audiencias en un limbo muy peligroso que ni siquiera alcanza a ser purgatorio.
El año pasado fueron analizados los casos de Rosendo Radilla y Campo Algodonero. En ambos el Estado mexicano fue condenado por su incapacidad para garantizar los DH tanto al activista guerrerense, como a las mujeres mexicanas que aparecieron asesinadas en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. Si bien cada caso tiene sus particularidades, es importante señalar que el Estado aceptó la condena, aunque hasta la fecha no ha dado pasos definitivos en pro del cumplimiento de las sentencias, cuyo objetivo es el de proporcionar a las víctimas y sus familiares –en la medida de lo humanamente posible– tres elementos básicos: Justicia, verdad y reparación.
Recordemos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos forma parte de la OEA. Está conformado por dos instancias complementarias cuyo objetivo es velar por el respeto y la garantía de los DH en todo el continente americano, bajo los compromisos que los mismos Estados han asumido en el marco interamericano. Es importante resaltar que este Sistema es subsidiario de las justicias nacionales y, salvo excepciones claramente acotadas, sólo puede ser activado una vez agotadas las instancias internas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúa como primera instancia en casos de violaciones graves a los DH a nivel interamericano. En un proceso que suele llevar varios años, evalúa la admisibilidad de los casos y funge como instancia mediadora, procurando buscar acuerdos amistosos entre las víctimas y los Estados para subsanar las violaciones a los derechos humanos. Cuando es clara la responsabilidad del Estado y éste no acepta la mediación de la Comisión, los casos son sometidos a la Corte IDH, que es la segunda y definitiva instancia.
México en el sistema interamericano de derechos humanos
México aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH a finales de 1998. Sin embargo, el camino fue largo para la mayoría de los casos. El primero de ellos (Alfonso Martín del Campo) fue desechado por haber ocurrido todos los pasos del proceso antes de que fuera aceptada la competencia de la Corte, por lo que no podía conocer del caso. El segundo caso, estuvo más relacionado con el argot político y fue el interpuesto por Jorge Castañeda en relación al impedimento para registrar candidaturas independientes.
Los dos casos siguientes tuvieron más interés desde el punto de vista de violaciones graves al derecho a la vida. El caso Campo Algodonero a pesar de referirse a hechos ocurridos antes del 6 de noviembre de 2001, cuando fueron encontrados los cuerpos de cuatro mujeres en el predio conocido como Campo Algodonero. El caso se aceleró por la gravedad de los hechos y porque la problemática ya había sido abordada por un informe especial de la Comisión IDH en el 2003.
El siguiente caso está relacionado con la problemática de la desaparición forzada de personas en México en el contexto de la llamada guerra sucia de los 60 y 70. Rosendo Radilla fue un activista social de Guerrero desaparecido en un retén militar el 25 de agosto de 1974. La Corte IDH encontrósentenció a modificar partes sustanciales del artículo 57 del código de justicia militar que posibilita que los militares que violan derechos humanos de civiles sean juzgados por autoridades militares. Hasta la fecha esta parte de la sentencia no ha sido acatada. igualmente responsable al Estado mexicano por estos hechos y en una situación inédita lo
Nuevos casos de temas relacionados con el ejército
Pero todo parece indicar que apenas es el inicio. Este año nuevos casos mexicanos serán dictaminados por la Corte IDH. El día de hoy el CDH Tlachinollan –que junto con CEJIL defiende el caso– dará detalles importantes sobre uno de los más graves: la violación por parte de militares en contra de dos mujeres indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Sus casos trataron de ser litigados en el fuero interno sin éxito por el desinterés por parte de la justicia militar por encontrar responsables y su contrastante esfuerzo por obstaculizar el acceso a la justicia. Los hechos ocurrieron en el año 2002. Cabe recordar que en este caso ha habido numerosas presiones contra el entorno de las denunciantes, e incluso el hermano de una de ellas fue hallado muerto en febrero de 2008.
Finalmente este mismo año será también analizado por la Corte IDH el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, defendido por el Centro Prodh –en colaboración también con CEJIL–. Es preciso recordar que ellos promovieron un proceso de defensa de los bosques en la zona de Petatlán y Coyuca de Catalán en Guerrero, ante la tala inmoderada de empresas trasnacionales apoyadas por el gobierno estatal. En este contexto fueron detenidos arbitrariamente por un grupo de militares el 2 de mayo de 1999, quienes los condujeron a un cuartel militar en donde serían torturados durante cinco días para que firmaran declaraciones autoinculpatorias.
En noviembre de 2001 fueron liberados por “razones humanitarias”, pero su inocencia nunca fue reconocida por parte del Estado, por lo que el caso presentado ante la Corte IDH les permitirá acceder a la justicia al ventilar las vejaciones de que fueron objeto y determinar el nivel de responsabilidad de un Estado como México, que se promueve como “campeón de los derechos humanos” en distintos foros internacionales, pero en la oscuridad de su propia casa se niega a garantizar los derechos fundamentales a todos aquellos que considera sus enemigos.
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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