Irma Eréndira Sandoval

Irma Eréndira Sandoval

Transparencia sindical y reforma laboral

15 de abril de 2010

2010-04-15

Llegó la hora de superar la lógica que circunscribe el derecho de acceso a la información sólo a las instituciones gubernamentales. Este derecho también tendría que aplicarse a las organizaciones que se financian a través de recursos públicos o desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, los partidos políticos; los sindicatos; los hospitales y escuelas privadas; las iglesias e instituciones de beneficencia; los medios de comunicación de diverso signo; las aseguradoras y casas de bolsa; los fondos y fideicomisos; y toda la gama de asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han llegado a poblar la nueva arquitectura de lo público en nuestros días.

Pero el remedo de “transparencia sindical” en la reforma laboral de Calderón y Lozano no es más que una zanahoria marchita de un intercambio en donde los verdaderos palos son inusitadamente agresivos. Entre otros destacan: legalización de las prácticas de subcontratación; eliminación de los escalafones e imposición de nuevos criterios empresariales de productividad para los ascensos; burocratización de huelga y de libre sindicalización; cancelación de la obligación por reinstalar a trabajadores con una antigüedad menor a tres años que hubieran ganado juicios laborales; y reducción de pago de salarios caídos a un plazo menor. La eliminación de estas últimas obligaciones es muy grave ya que funcionará como incentivo para desgastar los movimientos de huelga haciéndolos durar años sin costo alguno para la parte patronal.

La modernización de las relaciones laborales pasa por el fortalecimiento de los sindicatos, no por su desmantelamiento. Es cierto que la corrupción y el “charrismo” han dañado el desarrollo nacional, pero ello no implica que debamos “tirar al niño con el agua sucia”. Habría que auspiciar un nuevo sindicalismo independiente y democrático en tono con la pluralidad y competencia política imperante.

Los sindicatos son instituciones de y para la democracia. Ante la desigualdad existente entre patrón y trabajador, y frente a la grave política antiobrera aplicada desde el Estado durante la crisis, los sindicatos son uno de los pocos instrumentos de resistencia legal y pacífica de los trabajadores. Sin ellos, sólo queda la ley del más fuerte y la rampante desigualdad del trabajo, escalaría los conflictos hasta llevarlos a los terrenos de la resistencia ilegal. Los sindicatos modernos y democráticos son grandes aliados del crecimiento económico ya que permiten el desarrollo del capital humano y la construcción de empresas más sólidas.

Pero en su sed por complacer a los empresarios, Calderón y Lozano buscan debilitar aún más el sindicalismo independiente. La iniciativa plantea, por ejemplo, que los emplazamientos a huelga se presenten junto con una lista, previamente certificada por las autoridades, de los nombres de los trabajadores que apoyan la huelga. Este planteamiento constituye un intento por eliminar las disidencias sindicales, anular el derecho de huelga e inhibir la participación de los trabajadores en la organización colectiva. Además, la propuesta va en contra de la protección de los datos personales más básicos, cuya minuta de ley fuera ya aprobada en estos días.

La reforma también destaca por la burocratización ad extremum de los requisitos para ejercer el derecho básico a la organización sindical. Consolida la utilización del registro, que fue concebido originalmente como una “toma de nota” literal por parte de las autoridades, como un permiso de éstas a los trabajadores para organizarse.

La iniciativa tampoco abona nada positivo para que los trabajadores jueguen el papel decisivo en la vida económica y política del país que corresponde a su peso social. Así, por ejemplo, no se establece la prerrogativa sindical para la fiscalización de las empresas o para la participación en su conducción. Al contrario, la iniciativa socava los derechos obreros más básicos y no busca democratizar o transparentar las organizaciones sindicales.

Pero no basta con rechazar los elementos retrógradas de la iniciativa del Ejecutivo. Los partidos de oposición tienen la obligación de defender verdaderas alternativas que pugnen por abrir los sindicatos al escrutinio público y que devuelvan el poder sobre las relaciones laborales a la mayoría trabajadora.

Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM

Fuente: El Universal

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