Comparece Garzón por segunda vez en un año ante Tribunal Supremo

Comparece Garzón por segunda vez en un año ante Tribunal Supremo

Presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados a cursos en NY, la imputación.

Dpa

Madrid. Garzón en la Corte Suprema. Ap

Madrid. El abogado de Baltasar Garzón rechazó este jueves que exista una persecución por parte del Tribunal Supremo hacia el juez de la Audiencia Nacional española, quien hoy declaró como imputado ante esa corte por otro presunto delito de prevaricación, relativo a unos supuestos cobros del Banco Santander.

"Pensar que el Tribunal Supremo somete a alguien a persecución es inasumible", manifestó Enrique Molina. Garzón "no se siente perseguido", dijo, después de que el juez declarase durante casi cinco horas ante la corte por presunta prevaricación y cohecho.

La querella la interpusieron los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que acusan al juez de haber percibido del Banco Santander 302 mil dólares para llevar a cabo unos cursos en Nueva York y, a cambio de ese patrocinio, haber favorecido al presidente de la entidad, Emilio Botín, entre otros directivos, al rechazar la admisión de una querella en su contra en un proceso penal.

Garzón negó hoy la acusación, que su abogado tachó ante la prensa de "bulos infundados de orientación más calumniosa que de otro contenido". El magistrado dijo ante el Supremo que él no gestionó ni administró los fondos que destinó el Banco Santander para sus conferencias en Nueva York y que los ingresos que percibió por éstas no procedían de la entidad financiera.

Esta es la segunda vez que Garzón acude a declarar en el Tribunal Supremo como imputado en menos de un año, después de que lo hiciera el pasado mes de septiembre por sus investigaciones sobre los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975), tras ser demandado por prevaricación por organizaciones de la ultraderecha.

Esa imputación llevará a Garzón al banquillo de los acusados y podría conducir a su suspensión como juez.

Garzón se enfrenta además a una tercera querella, por haber autorizado presuntamente una escuchas ilegales durante la investigación de un escándalo de corrupción que afecta al opositor Partido Popular (PP).

Fuente: La jornada

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