EN TRIBUNA

Fuente: El Periódico

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Corte de casas a mexicanos

Laura Itzel Castillo

Cuando los tribunales del país emiten fallos distintos respecto a un mismo caso, la Suprema Corte tiene la última palabra. Lamentablemente, se ha hecho común que este órgano eluda asuntos de gran trascendencia dejando impunes verdaderas atrocidades. Con ello, lo único que ha logrado es aumentar el riesgo de un estallido social en el país.

En 2006, el Infonavit vendió en 56 mil créditos quebrados al 10% de su valor – alrededor de 30 mil pesos - a las firmas trasnacionales Capmark y Scrap II, ligadas a empresas estadounidenses que provocaron la crisis hipotecaria de ese país. La primera de estas trasnacionales, Capmark - ex filial de crédito comercial de GMAC - uno de los mayores grupos estadunidenses de crédito hipotecario comercial, se declaró el domingo pasado en quiebra, luego de que registró mil 600 millones de dólares de pérdidas en el segundo trimestre de este año.

El Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, combatió jurídicamente esta venta por considerarla ilegal. Seis tribunales le dieron la razón y ordenaron que los créditos que habían sido vendidos regresaran a la administración del Infonavit. Sin embargo, dos tribunales optaron por una decisión contraria, por lo que el asunto llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Luego de dos convocatorias fallidas, finalmente el 21 de octubre pasado la Segunda Sala, con los votos a favor de los ministros Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco González, y con el voto en contra del ministro Genaro Góngora Pimentel, resolvió que la decisión del Infonavit no representa un acto de autoridad, por lo que el mecanismo para impugnar la venta de la cartera vencida es a través de los juicios civiles ordinarios.

La resolución es sumamente grave. La voracidad del régimen es insaciable, no sólo se conforman con desaparecer empresas nacionales como Luz y Fuerza, sino que ahora pretenden decretar la extinción del patrimonio de las familias mexicanas. Afortunadamente existen otros recursos para defender a la gente de estas canalladas. La lucha continuará hasta que en este país sea una realidad el derecho humano a una vivienda digna y decorosa.