Fuente: CDHBCASAS
Difusión: AMLO TV
• Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas entregan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de la participación del Ejército Mexicano en la estrategia contrainsurgente en Chiapas.
• Se confirma crimen de Estado, a través de los archivos desclasificados en relación a la creación de grupos paramilitares en Chiapas.
El día de ayer de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó su participación en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, dejando en impunidad lo mínimo que se había avanzado en la justicia en la Masacre de Acteal, dejando libre a 9 personas más, que participaron en la masacre ocurrida el 22 de diciembre 1997 y que fueron reconocidas plenamente por las víctimas y sobrevivientes.
El argumento de los ministros en el cual basaron su decisión fue sobre todo, que se violaron garantías a un debido proceso, ya que las actuaciones judiciales estuvieron plagadas de irregularidades. Estas aseveraciones que refieren los ministros, desestiman las pruebas aportadas por los sobrevivientes, testigos de la masacre; además es preciso señalar que la decisión de la SCJN no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo proceso judicial y en diversas ocasiones testigos reafirman a las personas hoy liberadas como los autores materiales de la masacre.
Simultáneamente, en Washington D.C. la Organización Sociedad Civil Las Abejas (Las Abejas) e integrantes de este Centro de Derechos Humanos hicieron entrega a funcionarios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un documento sobre los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano, a través de la SCJN.
Este Centro pidió a la CIDH que por su conducto se solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la implementación de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre, así como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares.
Esta resolución de la SCJN, pone en evidencia de manera contundente que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación del daño, y medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor daño psicológico a las víctimas.
Los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.
El 20 de agosto de 2009, Kate Doyle directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación en México, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), en los que se describen el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas:
A mediados de 1994 el Ejército Mexicano tenía la aprobación presidencial de establecer equipos militares a cargo de promocionar grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El propósito era de ayudar a personal indígena local a resistir al EZLN (…) encargada de juntar inteligencia de comunidades indígenas primero en los Altos y las cañadas (…) con el propósito de tener otras unidades similares operando en áreas alrededor de las comunidades zapatistas (…) el Ejército creó equipos especiales de Inteligencia Humana (Humint) (…) compuestos primero de agentes jóvenes del rango de segundo y primero capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos regionales… y así (…) recoger información de inteligencia, los equipos de Humint del Ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y protección... [1]
En el documento intitulado “Archivos Improcedentes”, la directora del Proyecto México señala que:
“Desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA contradice directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que [la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas]”.
Antecedentes
El 12 de agosto del presente año, la SCJN ordenó la liberación de 20 personas señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal (Boletín de Prensa No. 28).
A 11 años y 10 meses Las Abejas, no ha encontrado una verdadera justicia ante este crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de 45 indígenas tsotsiles y 4 no nacidos del municipio de Chenalhó, Chiapas.
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