Amparos populares contra impuestos

Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)

Difusión: AMLO TV

RENÉ SÁNCHEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que puede considerarse como inconstitucional una ley si el procedimiento legislativo para su creación violó principios democráticos y, por lo tanto, vulneró las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías, como que las conclusiones legislativas se reflejen en los soportes documentales correspondientes.

El pleno de la SCJN resolvió por unanimidad, en la acción de inconstitucionalidad 170/2007, lo siguiente: “la adopción de decisiones por mayoría es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayoría es necesariamente democrático. Junto a la regla de la mayoría hay que tomar en consideración el valor de la representación política, material y efectiva de los ciudadanos, que tienen todos y cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, así sean los minoritarios”, como subraya el artículo 41 constitucional.

“Por tanto es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías al regular, por ejemplo, la conformación del orden del día, las convocatorias a las sesiones, las reglas de integración de la Cámara, la estructuración del proceso de discusión o el reflejo de las conclusiones en los soportes documentales correspondientes.

“Por consiguiente, el órgano Legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante donde encuentren cauce la expresión de las distintas opiniones de los diferentes grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios.

El 15 de octubre la Cámara de Diputados requirió información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un total de 20 preguntas que, sin respuesta oficial, impiden a la minoría parlamentaria deliberar en condiciones de igualdad.

Por eso, podemos utilizar todas las violaciones que se cometieron al aprobar el alza en los impuestos, para promover amparos que defiendan a la gente contra el alza de los grávamenes.