Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
México, DF. Tras la liberación el pasado 16 de septiembre de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada con otras dos mujeres del secuestro de seis policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006 –por lo que había sido sentenciada a 21 años de prisión– Amnistía Internacional (AI) hizo ayer un llamado a revisar completamente su proceso y a que sea resarcida por el daño causado por los tres años que permaneció en la cárcel, así como a revisar el proceso contra las coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González.
De igual forma se pronunció ayer también la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que manifestó su preocupación por la situación de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las otras dos mujeres indígenas que fueron acusadas conjuntamente con Jacinta por los mismos delitos y permanecen recluidas desde hace tres años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Femenil de San José El Alto, en Querétaro.
Cabe recordar que el 30 de junio de 2006 el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales A en San Juan del Río, Querétaro, presentó el pliego de consignación en el que resolvió imputar el delito contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos (cocaína), a Alberta Alcántara, señalada como probable responsable.
Asimismo, se determinó que se “había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos”, señalando como “probables responsables” a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco, según consta en la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la recomendación que emitiera el 19 de julio de este año.
Ayer, en conferencia de prensa, los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano, representantes legales de Jacinta, celebraron su liberación; sin embargo, subrayaron que en México persisten las deficiencias estructurales en el sistema de justicia, que acentúan la vulnerabilidad de quienes por su identidad de género, origen étnico o posición social son discriminados y violentados en sus derechos humanos.
Coincidieron en que la excarcelación de Jacinta es un logro; no obstante, comentaron, “es sólo un componente de la justicia” que debe incluir la reparación del daño, no repetición de los hechos y la sanción de los responsables del encarcelamiento de Jacinta.
En el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron acusadas y procesadas por los mismos delitos que Jacinta y contra quienes tampoco existen pruebas de que hayan secuestrado a los AFI, continúan encarceladas, por lo que los centros de derechos humanos manifestaron su preocupación y exigieron su pronta liberación.
Al respecto, la OMCT externó su preocupación de que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) –de no presentar conclusiones acusatorias contra Jacinta Francisco– no se haya extendido a las otras dos mujeres, coacusadas por el mismo delito y condenadas con base en “testimonios falsos y pruebas fabricadas”.
Reiteró que dichas mujeres continúan en el Cereso de Querétaro “sin que sus casos avancen de manera positiva hacia la justicia para ellas” y las consideró inocentes, ya que en realidad nunca existió el secuestro, apuntó.
La OMCT coincidió con el Prodh y el Jacobo Daciano en que el único delito de Jacinta, Teresa y Alberta ha sido su condición de género, identidad étnica y circunstancia social de marginación, “caso que desafortunadamente confirma la vulnerabilidad de los indígenas, en particular de las mujeres indígenas, quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de exclusión y marginación del sistema de justicia”.
A su vez, pidió la reparación integral del daño, que deberá incluir rehabilitación y una adecuada compensación, así como la no repetición de los hechos. En tanto, AI, que el 18 de agosto pasado calificó a Jacinta Francisco como “prisionera de conciencia”, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a revisar completa e imparcialmente la investigación sobre los hechos ocurridos en marzo de 2006 en el mercado de Santiago Mexquititlán.
Señala qu ahí presuntamente “fueron secuestrados” los seis elementos de la AFI. Que se revise el caso y se incluya a las señoras Alberta Alcántara y Teresa González, pidió AI. (CIMAC)
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