¡Alerta con la Suprema Corte de Justicia!

En concreto

Laura Itzel Castillo

23 de septiembre de 2009

Fuente: El Universal

México tiene más de 25 años siendo el laboratorio donde se experimentan los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a partir de lo que se conoce como el Consenso de Washington. Este acuerdo estableció 10 medidas como la liberación de las tasas de interés y la reducción del papel del Estado en los derechos sociales.

¿Cómo se han traducido estos lineamientos para el caso del Infonavit, y en general para la política habitacional? Tal vez la mejor manera de explicarlo es que en 2006 un gallego vendió 55 mil casas de mexicanos a los gringos. Aunque parezca un chiste, es verdad. David Sánchez Tembleque, originario de La Coruña, España, en su calidad de subdirector de Finanzas del Infonavit, remató 55 mil viviendas a 20 mil pesos cada una a dos trasnacionales estadounidenses: CAPMARK y SCRAP II.

Desde finales de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) ha ganado diversos amparos en tribunales, entre otras cosas, los tribunales federales han reconocido el derecho a que el crédito sea barato y suficiente, además del derecho de que el crédito se pague de las aportaciones patronales y de los descuentos al salario cuando el empleo se recupere nuevamente. Así, el asunto llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gracias a las dos movilizaciones nacionales del 19 y 26 de agosto del presente año convocadas por el CDV, el ministro Fernando Franco, presidente de la Segunda Sala, argumentó que debido al surgimiento de nuevos elementos y dada la importancia del tema, la discusión debería darse en el pleno de la SCJN. Es decir, serán los 11 ministros y no cinco quienes determinen si es constitucional que las casas de los mexicanos sean vendidas a compañías trasnacionales.

El expediente con los distintos criterios ya está en manos de los nueve ministros y dos ministras de la Suprema Corte. Sin embargo, fuentes de alto nivel nos han comentado que la resolución definitiva tardará en llegar.

Se trata de una decisión de suma trascendencia, no sólo para la conservación del patrimonio de cientos de miles de trabajadores del Infonavit, sino para el sistema de seguridad social mexicano. El Infonavit no es un banco, ni los créditos que proporciona son de carácter estrictamente hipotecario, sino que son créditos al empleo; el otorgamiento de créditos a la vivienda representa un servicio público de previsión social. En espera del fallo de la Corte, uno no puede evitar preguntarse: ¿México es la casa de los mexicanos?

El CDV no se quedará pasivamente esperando. El 8 de septiembre de 2009 presentamos una iniciativa ante la Cámara de Diputados para rescatar al Infonavit. Convocamos a las y los derechohabientes afectados, así como a los ciudadanos conscientes a estar en alerta ante el inminente fallo de la Suprema Corte.

Parafraseando una consigna popular: que se entienda, primero es la vivienda.