Amnistía Internacional ha denunciado hoy (23 de septiembre de 2009) un fuerte aumento de las palizas policiales y de las detenciones masivas de manifestantes, así como de los actos de intimidación contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de junio, y ha advertido de que los derechos fundamentales y el Estado de derecho corren grave peligro en este país centroamericano.
Según informes recibidos por la organización, ayer por la mañana, alrededor de 15 policías dispararon botes de gas lacrimógeno contra el edificio de la destacada organización de derechos humanos COFADEH, donde había unas 100 personas, mujeres y menores incluidos. Muchas de ellas habían acudido a las oficinas para denunciar abusos cometidos por la policía durante la disolución de una manifestación celebrada ese mismo día frente a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde está refugiado el presidente hondureño destituido, Manuel Zelaya.
“La situación en Honduras sólo puede ser calificada de alarmante —ha declarado Susan Lee, directora del programa de América de Amnistía Internacional—. Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, la suspensión de medios de comunicación, las palizas a manifestantes por la policía y los informes cada vez más numerosos de detenciones masivas indican que los derechos humanos y el Estado de derecho en Honduras corren grave peligro.”
“La única vía de avance es que las autoridades de facto pongan fin a la política de represión y violencia y respeten los derechos a la libertad de expresión y de asociación —prosiguió Susan Lee—. También instamos a la comunidad internacional a que busque una solución con urgencia, antes de que Honduras se hunda aún más en una crisis de derechos humanos.”
Según los informes, ayer, después de que la policía disolviera una multitudinaria manifestación frente a la embajada de Brasil, numerosos manifestantes fueron golpeados por los agentes, que practicaron varios centenares de detenciones en toda la ciudad. Los informes indican también que se produjeron violaciones de derechos humanos similares en todo el país.
La información recibida por Amnistía Internacional señala que decenas de manifestantes fueron trasladados anoche a centros de detención no autorizados de la capital. Aunque la mayoría de los detenidos están ya en libertad, las detenciones arbitrarias masivas podrían hacer que los detenidos fueran vulnerables a abusos contra los derechos humanos como malos tratos, tortura o desaparición forzada.
Amnistía Internacional ha documentado los límites impuestos a la libertad de expresión desde el golpe de Estado, que incluyen el cierre de medios de comunicación, la confiscación de material y malos tratos a periodistas y operadores de cámara que informaban de los sucesos. Radio Globo y el Canal 36 de la televisión sufrieron ayer cortes de luz o interrupciones constantes de sus transmisiones que les impidieron emitir.
Información complementaria
La preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras se ha intensificado desde que el presidente elegido democráticamente, José Manuel Zelaya, fue destituido por la fuerza el 28 de junio y expulsado del país por un golpe de Estado llevado a cabo por un grupo de políticos respaldados por el ejército y encabezado por Roberto Micheletti, ex líder del Congreso Nacional. Desde que se produjo el golpe, hay disturbios generalizados en el país y enfrentamientos frecuentes entre la policía, el ejército y manifestantes civiles. Al menos dos personas han perdido la vida por disparos durante las protestas.
El 19 de agosto, Amnistía Internacional publicó testimonios y datos que documentaban el uso excesivo de la fuerza y las palizas a manifestantes a manos de la policía en un informe titulado Honduras: Amenaza de crisis de derechos humanos, mientras la represión se intensifica (Índice AI: AMR 37/004/2009). La organización pudo recabar datos y confirmar con testimonios de primera mano el uso de las detenciones y de los malos tratos contra manifestantes pacíficos como forma de castigo para quienes se oponen al gobierno de facto, pues otros manifestantes, que respaldan el régimen de facto, no sufrieron los mismos abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Los datos contenidos en el informe muestran que durante las detenciones masivas de manifestantes practicadas por la policía y el ejército, algunas mujeres y niñas fueron objeto de violencia de género. Al menos dos personas han perdido la vida por disparos de armas de fuego, presuntamente efectuados por la policía o miembros del ejército durante las protestas.
El presidente Zelaya regresó al país el lunes 21 de septiembre y actualmente está en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
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