Caso La Palma sería un negociazo para bufete jurídico del Jefe Diego: ejidatarios

Fuente: La Jornada de Michoacán

EDUARDO FERRER

La Asamblea de Ejidatarios de la Isla La Palma podría dejar de ser representada por el despacho de abogados propiedad del ex senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, debido a la molestia generalizada por el alto porcentaje que la firma exige a cambio de echar abajo el decreto expropiatorio de 1982, es decir, el 35 por ciento del valor que se determine del predio en litigio, cuya extensión es de 683 hectáreas.

“Es mucho ese 35 por ciento, y si de veras es una cosa sencilla de resolver, pues creemos que no tienen por qué cobrar esto. Lo que estamos viendo es que esto va a ser un negociazo para ellos”, anotó el presidente de la asamblea, Julio Testa García, quien por otro lado también reconoce que los políticos panistas “están muy seguros” de echar abajo el decreto, más aún si se toma en cuenta que el abogado que los representaría directamente sería Gilberto Hershberger Reyes, subsecretario de la Reforma Agraria en la época en que el Congreso local aprobó la desincorporación de 183 hectáreas para el desarrollo de un Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en aquella zona de la entidad.

“Ese señor fue responsable de la secretaría, por ahí anda esto, él sabe bien cómo están las cosas, por eso sabe que fácil echarían atrás ese decreto expropiatorio, porque él sabe bien cómo se hicieron las cosas”, remarcó Testa García.

El pasado domingo 30 de agosto los ejidatarios de la isla autorizaron al despacho de referencia para que los representaran legalmente; el equipo jurídico se comprometió “al cien por ciento” a anular el decreto expropiatorio creado el 17 de marzo de 1982 por el entonces presidente de la República, José López Portillo, quien estableció que esas parcelas pasaran a manos del gobierno estatal. El gobernador de entonces, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en un gesto de buena voluntad, permitió que los ejidatarios permanecieran ahí a pesar de que ya se les había indemnizado.

Ese decreto tenía una vigencia de cinco años; como el gobierno no utilizó las tierras regresaron a manos de los ejidatarios. Pero en noviembre de 2006, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel logró que el Congreso local desincorporara 183 hectáreas de la isla para integrarlas al Fideicomiso 2112 para la construcción del RFE. Con este mismo fin, el actual gobernador, Leonel Godoy, solicitó en 2008 la desincorporación de las 444 hectáreas restantes. Este proceso de desincorporación sigue estancado y los 52 ejidatarios integrados en la asamblea alegan que los predios son de su propiedad.

La continuidad del despacho de Fernández de Cevallos en el caso dependerá de los avances que la Procuraduría Agraria reporte a la asamblea. Desde el pasado 22 de julio de este año, el director general de la dependencia, Francisco Javier Arrubarrena, instruyó al delegado en Michoacán, Héctor Gómez Trujillo, para que brinde asesoría legal a los ejidatarios y, en caso de ser necesario, los represente legalmente ante el Tribunal Agrario competente “hasta la solución del conflicto”.

“Todo va a depender de las probabilidades que nos den las autoridades agrarias. Si no nos dan una solución convincente, nosotros nos vamos a ir por el juicio que ellos (el despacho de los panistas) promuevan. Nosotros creemos que podemos ganar algo a través de la Procuraduría Agraria, como lo marca la ley y sin necesidad de pagar cantidades estratosféricas”, anotó Testa.